Una investigación de dos años documentó más de 40 propiedades costeras en San Diego cuyo propietarios han instalado cercas, señales falsas o contratan seguridad privada para bloquear el acceso público a la playa, en clara violación de la ley de California. El Coastal Commission ha recibido denuncias de todas estas propiedades pero su capacidad de acción es limitada. Los propietarios son algunos de los contribuyentes más importantes a las campañas políticas locales. La ley se aplica diferente según el poder.